El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que retirará la financiación federal para banda ancha a los estados cuyas leyes para regular la inteligencia artificial, según su administración, frenan el dominio estadounidense en esta tecnología.
«Queremos tener una fuente central de aprobación», declaró Trump a la prensa, rodeado de sus principales asesores, entre ellos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, argumentando que 50 regímenes regulatorios diferentes obstaculizan el crecimiento de esta naciente industria. «Para ganar, las empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos deben tener la libertad de innovar sin una regulación engorrosa», dice la orden, y agrega que el mosaico actual de diferentes regímenes regulatorios hace que el cumplimiento sea más difícil, especialmente para las empresas emergentes.
Trump ha adoptado la IA como una tecnología crucial, colaborando estrechamente con empresas estadounidenses para impulsar la inversión en un sector donde China también ha logrado grandes avances. Sin embargo, a los críticos les preocupa que un desarrollo descontrolado pueda dejar a los estadounidenses en una situación de vulnerabilidad. La orden también refleja el ataque más amplio de la administración Trump contra las iniciativas antidiscriminatorias, dirigidas contra estados como Colorado, que han intentado evitar la incorporación de lenguaje discriminatorio en los modelos de IA. Dichas iniciativas podrían generar sesgos ideológicos y producir resultados falsos, según la orden.
FINANCIACIÓN FEDERAL AMENAZADA
La orden otorgará a la administración Trump herramientas para contrarrestar las regulaciones estatales más onerosas, afirmó David Sacks, asesor de IA de la Casa Blanca. La administración no se opondrá a las normas que rigen la IA relacionadas con la seguridad infantil, añadió. El proyecto ordena al Secretario de Comercio evaluar las leyes estatales para detectar conflictos con las prioridades de inteligencia artificial de Trump y bloquear a los estados en conflicto para que no puedan acceder al fondo de acceso e implementación de equidad de banda ancha de 42 mil millones de dólares.
El representante demócrata Don Beyer, quien copreside un grupo parlamentario bipartidista sobre IA, dijo que la orden aplastaría las reformas de seguridad aprobadas por los estados y crearía «un entorno de salvaje oeste sin ley para las empresas de IA que pone a los estadounidenses en riesgo». Advirtió que la orden reduciría la probabilidad de una acción del Congreso y probablemente violaría la Décima Enmienda, que dice que cualquier poder no otorgado específicamente al gobierno federal pertenece a los estados o al pueblo.
La orden de Trump exigía que su administración trabajara con el Congreso para elaborar una norma nacional que prohibiera las leyes estatales que entraran en conflicto con la política federal, protegiera a los niños, evitara la censura, respetara los derechos de autor y protegiera a las comunidades. Hasta que se estableciera dicha norma, la orden exigía acciones para «controlar las leyes más onerosas y excesivas que surgen de los estados y que amenazan con obstaculizar la innovación».
NUMEROSAS LEYES ESTATALES VIGENTES
Los principales actores de la IA, incluido el creador de ChatGPT, OpenAI, y Alphabet Google, Meta Plataformas y la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz han dicho que el gobierno federal, no los estados, debería regular la industria. Sin embargo, los líderes estatales de los dos principales partidos políticos han dicho que necesitan el poder de poner límites a la IA, en particular porque el Congreso ha fracasado sistemáticamente en aprobar leyes que regulen la industria tecnológica.
El mes pasado, el estado de Nueva York se convirtió en el primero en promulgar una ley que exige a los minoristas en línea que emplean «precios de vigilancia» revelar el uso de algoritmos y los datos personales de sus clientes. California y legisladores en Washington están considerando prohibir estos métodos, también conocidos como «precios personalizados». El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, propuso un proyecto de ley de derechos en materia de inteligencia artificial que incluye privacidad de datos, controles parentales y protección al consumidor.
El gobernador de California, Gavin Newsom, cuyo estado alberga varias empresas importantes de inteligencia artificial, firmó un proyecto de ley este año que requiere que los principales desarrolladores de inteligencia artificial expliquen los planes para mitigar posibles riesgos catastróficos . Otros estados han aprobado leyes que prohíben las imágenes sexuales no consensuadas generadas por IA y los deepfakes políticos no autorizados.
Información de Courtney Rozen y Andrea Shalal en Washington y Jody Godoy en Nueva York; información adicional de Gram Slattery en Washington; edición de Jamie Freed y Stephen Coates.
Fuente: reuters
