La Comisión Europea propuso el jueves prohibir el uso de redes sociales a los menores de 13 años, y que las cuentas estén supervisadas por los padres hasta los 15 años.
La aplicación de la normativa se basaría en una herramienta desarrollada por la propia Bruselas: una aplicación gratuita de código abierto para la verificación de edad que indica a una plataforma si un usuario cumple con un umbral de edad sin revelar su identidad.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, afirmó que Bruselas «tomó como ejemplo a Australia», que prohibió las redes sociales a los menores de 16 años el año pasado, al elaborar la propuesta.
De aprobarse, la propuesta Ley de Protección Infantil crearía la mayor restricción de acceso a las redes sociales del mundo, que afectaría a 450 millones de personas en 27 países.
¿QUÉ ES LA APLICACIÓN?
Aplicación para smartphones desarrollada por la Comisión Europea, presentada en abril de 2026. Su implementación se está llevando a cabo en los Estados miembros, con siete países piloto: Chipre, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia y España. La Comisión prevé que esté disponible en toda la UE a finales de 2026.
También se utilizará para demostrar que los usuarios son mayores de 18 años al acceder a sitios para adultos, una restricción que ya está implementada en virtud de la Ley de Servicios Digitales.
Según la propuesta de Ley de Menores, el incumplimiento de las normas relativas a los menores estaría sujeto a la aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), donde las sanciones pueden alcanzar hasta el 6 por ciento de la facturación global.
La Comisión elabora el código y las normas; el sistema en sí está descentralizado. Los Estados miembros lo gestionan a través de emisores que ellos mismos designan, y las pruebas se almacenan en el teléfono del usuario. No existe una base de datos central de la UE sobre edades ni sobre quién verificó a quién.
¿CÓMO FUNCIONA?
El usuario acredita su edad una sola vez ante una entidad nacional autorizada, un organismo verificado por el Estado miembro, que puede ser un proveedor de identificación digital, un banco o una oficina de correos. En un sitio restringido, la aplicación certifica que el usuario cumple con el requisito de edad. La plataforma solo recibe una respuesta de sí o no.
La emisión y la verificación son gestionadas por entidades independientes. El proveedor de la prueba desconoce para qué servicio se utilizó. Cada prueba es válida solo una vez, lo que impide el seguimiento entre servicios. No se conservan documentos de identidad ni datos biométricos. El código es de código abierto, lo que permite su revisión independiente.
La importancia del enfoque de la UE radica en que proporciona un mecanismo común de verificación de edad, en lugar de dejar que cada plataforma desarrolle e implemente sus propios sistemas.
«Las plataformas en línea pueden confiar fácilmente en nuestra aplicación de verificación de edad. Así que ya no hay excusas», dijo von der Leyen.
¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DE AUSTRALIA?
Australia legisló una edad mínima de 16 años, pero no prescribió ningún método ni construyó infraestructura estatal. Todo quedó en manos de las propias plataformas, que recurrían a proveedores comerciales.
Según informó Reuters, una prueba encubierta reveló que ninguna de las 50 cuentas de prueba solicitaba comprobante de edad a quienes declaraban tener 16 años. Desde entonces, Canberra ha duplicado las multas máximas y ha amenazado con emprender acciones legales.
¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS?
La propuesta debe ser aprobada por los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo antes de convertirse en ley.
Grecia, que está legislando una prohibición para menores de 15 años, ha declarado que espera una «clara convergencia» con su propio enfoque y que su objetivo es que la ley entre en vigor a principios del próximo año.
La prohibición de la entrada a menores de 16 años en España está pendiente de votación parlamentaria. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, afirma que los sistemas de edad deben «lograr un equilibrio con el derecho a la privacidad». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que el mensaje a los «tecnooligarcas» es que «la infancia está protegida por nuestras democracias».
En Francia, sin embargo, el Consejo Constitucional bloqueó el mes pasado una prohibición nacional para menores de 15 años, considerándola una infracción inconstitucional y desproporcionada a la libertad de expresión. El fallo demuestra que el marco jurídico sigue siendo objeto de debate y que los tribunales nacionales contribuirán a configurar el contexto en el que se implementa el reglamento de la UE.
