Multa de 500.000 euros a dos firmas de Alicante por piratería de software.

Las compañías Vicedo Martí y Enfavi están dedicadas al diseño y fabricación de piezas y productos mediante inyección de plástico.

BSA, la asociación de proveedores de software que persigue la piratería, ha informado de la resolución adoptada por el juzgado de lo mercantil número 2 de Alicante, que condena a dos empresas a pagar más de 453.000 euros en daños y perjuicios por la reproducción de programas de software sin licencia. Se trata, según BSA, de una de las mayores indemnizaciones impuestas hasta la fecha en España por infringir derechos de propiedad intelectual en el ámbito del software.

El proceso se inició en 2015 a partir de la información recibida sobre la posible infracción a través de  la página web de denuncias de BSA, y tras la demanda interpuesta ante los juzgados de Alicante. El juzgado de lo Mercantil número 2 se hizo cargo del caso y ordenó un registro de las instalaciones de las compañías Vicedo Martí y Enfavi, con sede en la localidad alicantina de Ibi y dedicadas al diseño y fabricación de piezas y productos mediante inyección de plástico. Fruto de la inspección judicial y pericial realizada en varios ordenadores se halló la instalación no autorizada de programas de una empresa miembro de BSA.

Celebrado el juicio, el juzgado de lo mercantil ha dado la razón a la demandante en todos y cada uno de los puntos argumentados por los abogados de BSA, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual. Esto supone el pago de una indemnización de algo más de 450.000 euros en concepto de daños y perjuicios, importe correspondiente al valor de mercado de los programas sin licencia detectados, a lo que las empresas habrán de sumar los intereses legales en los que han incurrido desde la interposición de la demanda, y el pago de las costas judiciales. Todo ello lleva la cantidad a pagar a más 500.000 euros.

Las compañías demandadas deberán también destruir las copias del software ilegal halladas en sus equipos y cesar en su uso, a no ser que adquieran nuevas versiones legales de este programa avanzado para el diseño industrial y la gestión de procesos de fabricación (CAD-CAM).
Según Carlos Pérez, socio responsable del área de tecnología y compliance del despacho de abogados Écija, “esta sentencia es un ejemplo de los graves riesgos legales a los que se enfrentan las empresas que utilizan para su beneficio software sin adquirir los derechos del mismo a través del correspondiente acuerdo con el fabricante. Además de ser un acto de clara competencia desleal, supone una infracción que como vemos puede tener consecuencias económicas y operativas muy importantes”.

Según la BSA, en España cuatro de cada diez programas de software para ordenador utilizados en empresas no cuenta con licencia del fabricante. En cuestión de piratería informática, las empresas españolas están 15 puntos por encima de la media de los países de Europa occidental.

Fuente:  channelpartner.es

 

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